En el Régimen del 78 donde todo el Poder está concentrado en las cúpulas de los partidos estatales y ese Poder político no está sometido a control alguno, es la casta política cupulocrática resultante, por simple principio de causa y efecto, la responsable absoluta y total de la ruina económica, social y moral de España.
No tenemos representantes elegidos directamente por nosotros. El Estado no está dividido en poderes independientes y el país entero, por tanto, está sometido completamente al dictado de políticos concretos con nombres y apellidos, el Presidente de Gobierno y su camarilla ministerial -estos y los anteriores-, junto a la cúpula de su partido, de la que ellos forman parte, son los responsables de una deuda contraída con sus decisiones criminales y sólo posible en una dictadura de partidos estatales, donde los beneficiarios son los corruptores sin control que abusan del Estado para estafar a toda la ciudadanía y enriquecer a una minoría de adictos al BOE y al partido de marras correspondiente.
La deuda pública junto a la deuda de un sistema financiero politizado es impagable y no deja por tanto de crecer, llevando al país a una espiral donde los pagos de intereses terminan siendo más abultados que el capital a amortizar. En lo que llevamos del año la deuda ha aumentado por este concepto en 70 mil millones de euros más, y la tendencia para el futuro es cada vez peor. Primero, porque la Economía no se recuperará jamás mientras no la libremos de una deuda que desangra todo esfuerzo económico y humano por salir del agujero negro económico en el que nos metió la casta con sus decisiones. Segundo, además de la deuda, el desordenamiento político español ha convertido a las instituciones del país en auténticas “casas de putas” donde los policastros del PPSOE han hecho y siguen haciendo lo que les sale de los cojones sin tener contrapoder independiente alguno ante el que tengan que rendir cuentas de sus actos. Tercero, porque la casta española es ante todo extractiva y no le interesa para nada una Economía productiva que genere riqueza y productos/bienes exportables de calidad, de otra manera, qué pintarían ellos?. En una sociedad civil productiva,colaborativa y próspera con la aplicación de su propio talento sin trabas, gentuza como Rajoy y sus esbirros no tendrían nada que hacer, ni sobres que cobrar.
Así que la conclusión es bien simple. Tenemos que reestructurar la deuda, diga lo que diga el perro-la-voz-de-su-amo del Bundesbank. Ahora bien la reestructuración de la deuda, para que no nos machaque, exige el encarcelamiento de los responsables políticos y la ilegalización de los partidos que la perpetraron. Esto es, las cúpulas del PPSOE implicadas deben ser juzgadas y sus partidos ilegalizados como lo fue el partido nazi tras la finalización de la II Guerra Mundial. A continuación debe instaurarse una Democracia Garantista con controles -nueva Constitucion de check and balances- que garantice que jamás el Estado vuelva a estar al servicio de un secta partidista sin control alguno. De esta manera con los responsables en la cárcel y nuevas reglas políticas democráticas, con sus controles sobre el Poder político, España podría deshacerse de la deuda odiosa saliendo relativamente indemne en términos de solvencia.
A continuación, eliminado un Régimen opresor y extractivo y reconquistada por la sociedad civil los espacios ocupados abusivamente por aquel, surgiría una Economía que sería el resultado del interés de productores y compradores con una legislación democrática al servicio de la mayoría representada directamente. En un escenario así se acabarían rápidamente con los problemas que ahora los portavoces mediáticos de la casta dicen que son muy difíciles de resolver, pidiendo cínicamente sacrificios contra la población y eliminación de los más débiles. Aquí los únicos que tienen que ser sacrificados por el bien de todos no son otros que los hombrecitos del 78, esa casta maldita y nauseabunda que nos ha hundido en la miseria. Debemos quitárnoslos de encima, ellos son el PROBLEMA.
BRAVO PEPE
Bravo !!
DENOMINADO CASO ” EL MIRADOR REAL”
MÁS CASOS DE PISITOS PPOPULARES Y OTROS
ASUNTILLOS POPULARES
1. LOS HECHOS
31 de marzo de 1989: la sociedad Corporfín compra por 550 millones a Satecu la finca de Aravaca (Madrid) para la construcción del edificio de apartamentos turísticos.
3 de noviembre de 1989: Corporfín consigue un crédito de 900 millones de Banesto para financiar “la construcción de un edificio destinado a vivienda”, según aparece recogido en la escritura pública del inmueble. Se incorpora a esa escritura un certificado de tasación en el cual consta el valor que alcanzará el edificio de apartamentos una vez terminada su construcción: 2.297 millones.
1 de marzo de 1991: el Ayuntamiento de Madrid concede licencia de obra a Corporfín para la construcción de un edificio “de nueva planta para uso exclusivo terciario-hospedaje-apartahotel” consistente en:
Planta sótano: gimnasio, cafetería, botiquín, lavandería y cuarto de instalaciones.
Hall-recepción: cafetería, restaurante, cocina, ocho estudios y doce apartamentos.
Planta primera: nueve estudios y veintidós apartamentos.
Planta segunda: nueve estudios y veintidós apartamentos.
Piscina y pistas de tenis en espacio libre de parcela.
23 de junio de 1992: la Junta Municipal de Moncloa deniega la licencia de primera ocupación para un edificio de apartamentos similar a El Mirador Real, denominado Los Altos del Hipódromo y situado muy cerca, por entender que se estaba vendiendo como “viviendas habituales” y cambiaba así “el uso autorizado”.
29 de enero de 1993: Corporfín suscribe una ampliación de hipoteca con Banesto de 100 millones (en total, el crédito alcanza 1.000 millones).
21 de abril de 1993: se escritura el edificio de nueva planta El Mirador Real.
3 de mayo de 1994: Corporfín reconoce unas deudas superiores a 142 millones a favor de seis empresas que han trabajado en la construcción del edificio.
6 de julio de 1994: Banesto inicia acciones de embargo y juicio ejecutivo contra Francisco Santos, promotor de El Mirador Real por impago del préstamo.
20 de octubre de 1995: venta del edificio de apartamentos turísticos en tercera subasta por 1.100 millones de pesetas a la Comunidad de Bienes El Mirador Real, formada, entre otros, por Mariano Rajoy. Los nuevos propietarios deciden, y así lo escriben en los estatutos de funcionamiento de la comunidad, solicitar el cambio de uso del edificio, de terciario a residencial.
Julio de 1995: la Asociación de Vecinos Valdemarín-Monreal y Pardo de Aravaca denuncia las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas por el promotor de El Mirador Real ante la fiscalía de Madrid y el Defensor del Pueblo.
Julio de 1997. Mariano Rajoy, Ministro de Administraciones Públicas, vende su apartamento (el 2,26% del edificio, 24,8 millones de pesetas) al mismo precio que lo compro.
2. LOS DATOS
El Mirador Real, un conjunto de apartamentos turísticos fueron construidos en Aravaca junto al monte de El Pardo (Madrid) en 1993. Está situado junto a un club de tenis de lujo y una carpa, sin autorización municipal, en la que se han celebrado comidas, bodas, convenciones y diversos actos sociales. El promotor de estas dos instalaciones es el Francisco Santos, promotor a su vez de estos apartamentos. A dicha carpa han acudido altos dirigentes del PP para celebrar diferentes festejos. Así ocurrió hace algunos tiempo, cuando el entonces alcalde, José María Álvarez del Manzano, recibió allí la Guinda de Plata, premio de la Asociación, de Artesanos Pasteleros. Le acompañaron Alberto Ruiz-Gallardón, Rodrigo Rato e Ignacio del Río, entonces edil dé Urbanismo.
Los apartamentos fueron adquiridos en tercera subasta en 1995 por un grupo de compradores. Banesto había iniciado acciones de embargo y juicio ejecutivo contra Francisco Santos, promotor de El Mirador Real por impago del préstamo concedido. Entre los compradores se encontraban Mariano Rajoy, entonces Diputado y Vicesecretario General del PP, Juan Van Halen, Presidente de la Asamblea de la C.A.M; Jesús Hermida Cebreiro , ex secretario de Estado con la UCD y posteriormente gobernador civil de Cádiz con el primer gobierno de Aznar[1]; Jordi García Candau, en ese momento director general de Radiotelevisión Española, José
Manuel Lorenzo Torres , entonces director general de Antena 3 y en la actualidad D.Gral de Sogecable, etc etc..,
Según los vecinos, que denunciaron a fiscalía de Madrid y el Defensor del Pueblo presuntas irregularidades de la obra. , los citados propietarios compraron, por la mitad de precio y como vivienda (para alojamiento habitual y permanente) apartamentos turísticos (sólo utilizables para alquiler) del inmueble mencionado. Para ello, el 20 de octubre de 1995, los citados y otras 32 personas se agruparon para comprar en la tercera puja de una subasta (la más barata, que se convoca con precio libre de salida) el edificio de 45 apartamentos turísticos El Mirador Real (el promotor, Francisco Santos, no pudo hacer frente al crédito de 1.000 millones solicitado a Banesto para levantar el edificio).
Los compradores pagaron 1.100 millones de pesetas por el complejo. (24 millones de media por cada apartamento de 110 metros cuadrados, más zonas comunes). Precio sensiblemente más bajo que el del mercado sobre todo en un barrio donde el precio del metro cuadrado anda por las 500.000 pesetas. Según una tasación efectuada seis años antes por el Banco Español de Crédito (3 de noviembre de 1989), este conjunto urbanístico tendría un valor de 2.290 millones. El inmueble está situado muy cerca del monte, de El Pardo. En esa zona, según las normas urbanísticas, sólo se podían hacer casas unifamiliares de 750 metros cuadrados cada una, en parcelas de 2.500 metros. Pero no pisos.
Además de adquirir esta propiedad por la mitad de precio, los nuevos propietarios la inscribieron en el registro como viviendas cuando en los planos del Ayuntamiento de Madrid figuraban como apartamentos turísticos (se da la circunstancia de que Rajoy es registrador de la propiedad). En la licencia de obras aprobada por la Junta de, Distrito de Moncloa en marzo de 1991 para El Mirador Real se autorizaba la construcción de un edificio de nueva planta para “uso exclusivo terciario-hospedaje-apartahotel”.
La comunidad de propietarios estableció en sus estatutos la necesidad de solicitar al Ayuntamiento el cambio de uso del edificio de terciario a residencial.
Tras conocerse la denuncia de los vecinos, Mariano Rajoy decidió en julio de 1997 vender su apartamento (el 2,26% del edificio, 24,8 millones de pesetas) al mismo precio que lo compro. Se da la circunstancia que el apartamento adquirido y posteriormente vendido por Rajoy pasó de mano en mano en apenas dos meses. Rajoy se lo vendió a Inverinmobil, una inmobiliaria ligada al promotor del edificio, Francisco Santos. Inverinmobil lo vendió a su vez a José Rafael Martínez San Juan, según consta en el registro de la propiedad. Martínez San Juan tiene otra propiedad próxima, un chalé de lujo pegado a la valla del monte de El Pardo. Una parte de la finca ocupada por el chalé fue expropiada por el Ayuntamiento de Madrid para la construcción de la M40. Los vecinos de la zona afirman que Martínez San Juan recibió 150 millones por esa expropiación, según los datos que recibieron de la Gerencia de Urbanismo. Martínez San Juan compró el apartamento de Rajoy a través de una sociedad interpuesta, Hermosilla, 43, SA (en la que figura como administrador único). Para la adquisición solicitó un crédito de 25 millones de pesetas.
El mismo promotor del inmueble, Francisco Santos, vendió en noviembre de, 1991 a la Xunta de Galicia un edificio en la calle Casado del Alisal, número 8 (Santos tiene unas oficinas en el número 14 de esa misma calle), para ser utilizado como sede del Gobierno autónomo en la capital de España. La Xunta de Galicia, de la que Mariano Rajoy, fue vicepresidente desde 1986 hasta septiembre de 1987, pagó 1.750 millones de pesetas por el inmueble a Francisco Santos, según consta en el
Registro de la Propiedad. En marzo de 1990, el edificio fue tasado (con motivo de la petición de una hipoteca al Banco del Comercio), en 717 millones de pesetas. La compañía promotora lo había adquirido por 225 millones en mayo de 1989, tal y como figura en el Registro de la Propiedad, para su rehabiIitación. La adquisición de este edificio por el Gobierno regional del PP suscitó sospechas en la Asamblea, gallega. Sin embargo, los Populares impidieron en 1992, gracias a su mayoría absoluta, que el Parlamento gallego investigara la adquisición, petición efectuada por el PSOE y el Bloque Nacionalista Gaiego.
Por su parte, un informe técnico de la Consejería de Obras Públicas de la Comunidad, ratificó la ilegalidad de la utilización como vivienda de los citados apartamentos .Los técnicos de la Consejería de Obras Públicas en su informe, analizan “la normativa urbanística aplicable en los apartahoteles de El Mirador Real” de acuerdo al Plan General de 1985. Y resuelven que sólo podrán ser utilizados dichos alojamientos con los siguientes fines: “Hoteles, moteles, pensiones, hostales con restaurante y sin restaurante, apartamentos amueblados para turistas, colegios mayores, residencias de estudiantes y residencias de jóvenes trabajadores”. Pero en ningún caso como vivienda habitual.
Los técnicos descubrieron además una segunda anomalía grave. En el punto 5 de su informe señalaron que: “A la vista de lo anterior, y en relación con la inscripción en el, Registro de la Propiedad, debería, quedar claro que se trata de ‘apartamentos amueblados para turistas en alojamiento temporal’ y no de viviendas”. Segunda ilegalidad: los propietarios de El Mirador Real inscribieron sus apartamentos como viviendas. Los técnicos regionales aclararon que, “dado que la actuación está situada en suelo urbano, la competencia para la concesión de la licencia [en El Mirador Real] es exclusivamente municipal”.
[1] Además de aparecer como comprador de un apartamento (correspondiente al 2,26% de la propiedad), Hermida fue administrador de las empresas Inverinmobil y Promeditesa (figuran en la comunidad de bienes que, compró en tercera subasta El Mirador Real), que controlan el 13,46% del inmueble. Hermida figuró en Promeditesa como administrador único hasta el 23 de julio, según el registro mercantil, fecha en que pasó a ocupar el cargo José López Maeso Urquiza. Este, a su vez, tiene otro 17,96% del inmueble a través de Tenis Alta Competición, SA.Hermida también aparece en el registro mercantil como administrador único de una empresa (Alafín) en la que Francisco Santos, promotor de El Mirador Real, participó a través de una sociedad interpuesta (Corporinver)
LA CORRUPCIÓN Y LA INMORALIDAD
La corrupción es un subtipo de la inmoralidad, y todas las acciones corruptas son un subtipo de acción inmoral. Sin embargo, no todos la inmoralidad es la corrupción, y no todos los actos inmorales actos corruptos. Por ejemplo, menor infractor por un oficial de policía puede contar como inmoral sin ser un acto de corrupción. Además, actos negligentes a veces son inmorales, pero no necesariamente corrompen. Hechos de corrupción tienen un número de propiedades que no poseen otras acciones inmorales, tales como la corrupción (1) implica la manifestación de una disposición regular o hábito por parte del oficial; (2) la corrupción existe cuando la ley se considera como delincuentes irremediablemente inadecuados e irremediables, tales como cuando culpables queden impunes; y la corrupción (3) es impulsado por intereses estrechos, personal o colectiva, como la ganancia financiera de un grupo de empleados o el adelanto de la carrera del empleado.
Sólo definir la corrupción puede ser problemático. Tres ejemplos deberían bastar. Goldstein (1977), por ejemplo, define la corrupción como “abuso de autoridad en beneficio propio”. Ambos elementos deben estar presentes para esta definición aplicar. En otras palabras, debe haber algún abuso de autoridad (malversación) y algún beneficio personal. Alternativamente, McMullan (1961) define la corrupción como “aceptar dinero o dinero para hacer algo bajo la obligación de no hacer o hacer de todos modos.” Esta definición parece en abuso de autoridad y nonfeasance y es generalmente considerada como relativas a problemas de policía “productividad”, o lo que se llama también el tema de “incumplimiento selectiva”. Una tercera definición proviene Lundman (1980), donde la corrupción se define como “violaciones de las normas de conducta que se aplican raramente.” Esta definición parece ideal para el análisis de situaciones donde una subcultura policial es una cultura dentro de una cultura y probablemente adapta a la mayoría cualquier tipo de mala conducta, abuso de autoridad y nonfeasance. Tiene la ventaja de enfocarse en la “conducta” o comportamiento real.
Mucho se ha escrito sobre las teorías de la corrupción y cómo se puede prevenir, y aún más escritura ha examinado el debate entre si una unidad de asuntos internos fuerte o una fuerte Junta civil funciona mejor. Ciertas causas de la corrupción que no se menciona en esos lugares incluyen la creencia de que la sociedad tiene la culpa, ya que hay algunas leyes (generalmente leyes vice) que nadie parece querer forzada. Leyes inaplicables conducen generalmente a la corrupción. Otra causa es la gestión laxa. La corrupción parece reproducirse cuando hay mala gestión. También, masa de contratación, un fenómeno que se produce cuando los departamentos son muy pocos, a veces conduce a la corrupción.
Aumentos de paga y trayectorias profesionales significativo sería recorrer un largo camino en la prevención de la corrupción. Lo mismo haría estallar y la mejora de las cualificaciones educativas. Rotación en el trabajo es también una técnica gerentes tal vez quiera considerar, como se mueve a empleados alrededor para que no pasan tiempo en cualquier lugar.