Ayer firmé un contrato con mi aceitunero favorito, soy un enamorado de la aceituna y también muy exigente con mis proveedores, así que en dicho contrato establezco muy clara y seriamente mi relación con él. La aceituna debe tener unas dimensiones, sabor, color y textura específicos, dado el cumplimiento de estos requisitos el contrato se da por ejecutado  y la transacción termina en buen puerto, con un cliente  y un proveedor satisfechos de la operación. En este movimiento habitual  se da una indicación donde yo, comprador, exijo unas calidades y cualidades para las cuales estoy dispuesto a pagar un precio razonable, si dichas condiciones no se cumplieran, el contrato quedaría roto y buscaría un nuevo proveedor que aceptase mis exigencias a cambio de un precio convenido.

¿Qué ocurriría si el contrato fuese un documento cerrado, donde una vez firmado, se cumplan o no las exigencias redactadas, tú, cliente, te ves obligado a hacer el pago firmado?

_mandato

–          m. Orden, indicación que da el superior al subordinado.

–          der. Contrato por el que una de las partes confía su representación personal, o la gestión o desempeño de uno o más negocios, a la otra, que lo toma a su cargo.

–          Ejercicio de un cargo de poder y representación.

_imperativo, va

–          adj. Que impera o manda.

–          m. Exigencia, obligación.

Desde un punto de vista político, diríamos que el  ciudadano a través de sus representantes, conforma  un gobierno  en el cual los mandatarios (gobernantes) actúan y ejercen el poder según la exigencia de sus gobernados.  Entendiendo que en un estado de derecho y verdaderamente democrático el superior es el pueblo, y sus representantes están subordinados a él.

La prohibición del mandato imperativo aparece ya en la Constitución de 1791 de la república francesa que lo indicó de esta forma:

“Los representantes electos por los departamentos no serán representantes de ningún departamento en particular, sino de la Nación entera, y no se les podrá conferir ningún mandato” (art. 7, Secc. III, Cap. I, Título III).

El art. 67.2 de la Constitución Española prohíbe expresamente el mandato imperativo en estos términos:   “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”.

¿Por qué esta prohibición dentro de la propia Constitución?

Como todo, en la impuesta carta del 78, cada término fue escrito y sellado sin ánimo de revisión ni cambio, en aquellos momentos se debió pensar en salvaguardar la independencia de los legisladores, o al menos esa fue la excusa. ¿Independencia de que? La misma que los tres poderes del estado tienen entre sí, ninguna.   A mí, personalmente, me resulta ridículo pensar que una dependencia del alcalde con sus ciudadanos sea nociva. ¿Clientelismo?  ¿Más del que ya hay y ha habido?

En estos momentos, nos encontramos que aquello que une a  electores y sus elegidos es el mandato representativo, lo que significa que el electo tiene la facultad de tomar sus decisiones sin necesidad de consultar ni rendir cuentas ante sus electores, porque en la práctica, en su elección está implícita  la absorción de toda la soberanía nacional de sus representados. Un robo al pueblo de su control sobre el político electo, un trasvase de la soberanía a las cúpulas de los partidos políticos, con el agravante de que el partido imponga sanciones a aquellos miembros que no acepten el imperativo de su líder. Por lo tanto, tenemos la paradoja entre la prohibición del mandato imperativo del diputado con sus electores y la lealtad imperativa exigida en el voto al jefe del partido.

¿Podríamos concluir que cualquier ley aprobada en las Cortes Generales, bajo mandato imperativo de la cúpula de los partidos, estaría incumpliendo el art. 67.2 de la Constitución Española?

NODIARIO de España.

El caos se ha adueñado de la comunidad de vecinos de la Avenida de la Constitución, portal 78.

La chispa surgió tras la última reunión de la comunidad, los vecinos habían firmado, un mes antes, un nuevo contrato con un asesor a quién se le delegaba todas las acciones administrativas y de mantenimiento que este conviniese a realizar en beneficio de toda la comunidad, comprometiéndose a no subir las cuotas y hacer un uso más racional de los gastos. Tres días después de la firma el nuevo asesor sube un 10% la cuota mensual y cambia la empresa de mantenimiento de los ascensores (curiosamente un 10% más caro). Investigaciones vecinales posteriores demuestran el parentesco entre el asesor y la nueva empresa de mantenimiento.

En la reunión, donde todos los vecinos pretendían exigir la rectificación de las nuevas medidas, se destapó la realidad del contrato firmado y blindado, el poder de decisión quedaba en manos de la asesoría representada por este hombre, con una vinculación de un año hasta su renovación. Siendo legalmente imposible romper el contrato con dicha asesoría hasta pasado un año.

Luego vinieron las tortas, los insultos y los «sinvergüenzas, nos habéis engañado».

¿Un sin sentido, no?  ¿Y por qué si no aceptamos esta situación, sí la admitimos con nuestros electos representantes? Parece razonable pensar que si un contrato no se cumple un contrato está roto y que habrá que asumir las consecuencias del incumplimiento.

Quiero decir, y con esto concluyo, que ante un término, quizás ya obsoleto aunque no incómodo, como el del MANDATO IMPERATIVO entraríamos en una nueva fase donde el derecho que la ciudadanía debe demandar y exigir es el “MANDATO REVOCABLE, DEROGABLE O CENSURABLE”.

Con este derecho, que se nos debe, se podría afrontar cualquier delegación de mandato a un representante político con la suficiente tranquilidad de poseer una herramienta útil y efectiva para su control.

“Al electo incumplidor revocación y nueva elección”.