ATENAS

Tras la aprobación del plan de ajuste – denominado Memorándum III – y de los Presupuestos Generales del Estado para el siguiente ejercicio económico, el gobierno tripartito liderado por el conservador Antonis Samarás se apresura a aplicar todas las cláusulas impuestas por las entidades acreedoras con el fin de obtener, a corto plazo, el préstamo de 31.500 millones de euros para sanear sus maltrechas arcas. Una de estas medidas, es decir la colocación en régimen de reserva laboral de 2.000 trabajadores del sector público para finales de año, ha sido puesta en marcha durante la jornada de hoy y afectará principalmente al personal de institutos de enseñanza secundaria que no ha sido contratado mediante oposición. La normativa prevé que los que se encuentran en dicha situación de movilidad tengan derecho a las tres cuartas partes de su su sueldo durante el periodo de un año y deban asistir a cursos de formación para adquirir nuevas competencias profesionales. En caso de que los trabajadores rechacen tales condiciones, serán despedidos. Además, van a ser inmediatamente apartados de la función pública todos aquellos empleados que hayan incurrido en faltas muy graves o tengan pendientes procedimientos judiciales.

Durante la jornada de hoy ha sido emitida una nota gubernamental que establece los criterios de evaluación de maestros y profesores. El personal de la enseñanza deberá someterse, cada dos años, a la valoración de sus capacidades profesionales por parte del director del Instituto y, cada cuatro años, al juicio de un consejo escolar que de constancia del desarrollo de sus competencias pedagógicas con el objetivo de facilitar los diversos procesos del sistema educativo como por ejemplo la selección del personal. Quienes no serán declarados aptos tendrán que participar en un curso de formación y esperar la evaluación de la autoridad competente que se efectuará tras su finalización.

 

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