Precaución y garantía

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Queridos lectores,

Después de haber aclarado en el post anterior que la incertidumbre es algo intrínseco a la ciencia, aunque eso no impide que tenga carácter predictivo (no determinista, sí difuso) querría discutir por fin sobre los principios de precaución (bien delimitado) y de garantía (más difuso), dado que son la pieza clave en la discusión de los problemas de gestión de riesgos en general, del riesgo medioambiental en particular, y también son aplicables y explican parte de la polemización en torno al Peak Oil.

El principio de precaución, tal y como viene recogido en la Wikipedia, respalda que se tomen medidas destinadas a proteger el medio ambiente (o el interés público en general, como se recoge en la entrada en inglés) si existe controversia científica sobre los posibles efectos de una determinada acción. Como se explica mejor en el wikipédico artículo en inglés (ya suele pasar), aplicando este principio en caso de que no haya consenso científico la carga de la prueba se ha de poner en demostrar que no hay un efecto nocivo de la acción en discusión. La Unión Europea ha incorporado en cierta manera este principio en su legislación, a partir de una vaga referencia en el tratado de Lisboa. El objetivo del principio de precaución es el de evitar preventivamente que se puedan causar daños al medio ambiente, o incluso al interés público en general, cuando haya una cierta sospecha de que así se pueda producir. El principio de precaución, por tanto, se encuadra dentro de una gestión de riesgos conservadora, según la cual ante la amenaza de un riesgo detectado se decide evitarlo completamente, en espera de que se demuestre que tal riesgo no existe. De una manera más amplia, cuando se tienen indicios de un riesgo inevitable (como sería el cambio climático) el principio de precaución puede entenderse como la toma de medidas destinadas a mitigar los efectos de ese riesgo, aún cuando no haya consenso científico sobre cuál es el alcance real de ese riesgo (lo cual, por cierto, no es el caso del cambio climático antropogénico, ya que el 99% de los científicos que trabajan en el campo están de acuerdo en sus orígenes y en buena parte de sus efectos – para los puristas: en temas científicos es imposible tener un acuerdo del 100%, con lo que tomando la palabra consenso sensu estricto nunca lo habría).

En cuanto a la garantía, el concepto es más amplio y viene recogido de diversas maneras en múltiples aspectos de la ordenación jurídica. Esencialmente, con una garantía un actor pretende asegurar que una determinada acción tendrá lugar de una manera concreta, y en caso contrario él será compensado de algún modo. En un sentido más cercano a lo que se quiere discutir aquí, se espera que en la toma de decisiones públicas las Administraciones aporten las suficientes garantías de que sus acciones no perjudican los intereses legítimos de diversos actores. Se ha de decir, sin embargo, que no hay un principio de garantía general recogido en la ordenación, al estilo del principio de precaución, entre otras cosas porque delante de cualquier decisión administrativa siempre habrá beneficiados y perjudicados. La garantía exigible a la Administración es el respeto a la seguridad jurídica, lo cual esencialmente implica que no se tomen decisiones arbitrariamente y que las decisiones se tomen con arreglo a las leyes. Se ha de decir, sin embargo, que un principio común a las leyes del Estado es la protección del interés común, con lo que a priori una decisión no arbitraria que aplique el principio de precaución no debería contradecir la garantía de seguridad jurídica, si se implementa de la manera adecuada y siempre buscando minimizar los efectos adversos.

Dejando al margen la palabrería jurídica (tema muy resbaladizo para mí), y hablando en los términos más concretos de este blog, tenemos la amenaza del Peak Oil. Estamos hablando de un riesgo concreto y real. Todo el mundo acepta la cantidad de petróleo en el planeta Tierra es finita (dejando del lado la descabellada y conspiratoria teoría abiótica). Es evidente que en algún momento se llegará al cenit de producción y eso supondrá un desafío al actual modelo económico, puesto que en su diseño no está contenido que una materia fundamental y no sustituible pueda volverse escasa (una de las premisas de la teoría económica capitalista vigente es la infinita sustitutibilidad: el mercado encontrará sustitutos para cualquier bien si el precio es lo suficientemente alto). Este desafío, en sí, no es irremontable: algunas personas opinan que la sustitución del petróleo sí que es posible, aunque puede llevar algo de tiempo; otras, que aunque no sea sustituible el sistema puede progresivamente irse modificando – cambiando hábitos, desplazando al consumo como el motor del crecimiento económico, etc- de manera no traumática; otros, en cambio, opinan que un colapso de la sociedad industrial es inevitable. En fin, hay controversia en lo que se refiere a las consecuencias, aunque lo que parece que está claro es que si hay solución requiere cierto tiempo y, a tenor del oil spike de 2008 (cuando el precio llegó a casi 150$ por barril) y de los altos precios actuales, no acaba de ser evidente que el libre mercado y la libre actuación de los agentes económicos puedan organizar espontáneamente esa transición, sobre todo en el tiempo que podría ser necesario. Porque otro punto de controversia es en qué momento exacto se producirá el Peak Oil (aunque eso parece que cada vez está más claro) y cuál será el ritmo de declive de la producción pasado ese punto (aunque también parece que para nosotros, como parte de la OCDE, el declive forzado de nuestro consumo ya ha comenzado, y todo apunta que se agravará más que significativamente cuando empiece el declive geológico).

Por resumir, tenemos que hay indicios fundados científicamente de que el Peak Oil podría producirse pronto, de que el declive de nuestro consumo de petróleo puede ser rápido, y de que sustituir el petróleo es difícil y requerirá drásticos ajustes, que si no se hacen puede causar una situación económica dramática, incluso el colapso. Todas estas afirmaciones son controvertidas, es decir, no hay un consenso, ni siquiera una clara mayoría de opinión al respecto. Sin embargo, no hay duda alguna de que estamos delante de una situación en que el interés común está en riesgo. Sería, por tanto, una clara situación de aplicación del principio de precaución, de no ser por un motivo: no hay una acción a prevenir. En realidad, se trataría de que los Poderes Públicos actuasen en primer lugar. Pero, como ya hemos comentado, a los Poderes Públicos se les debe exigir que actúen respetando las garantía jurídicas necesarias, y en particular que sus actuaciones no perjudiquen innecesariamente a otros actores. Por tanto, ante la dificultad de trabar un plan de prevención, mitigación o combate del Oil Crash (esto es, los efectos el Peak Oil) que no perjudique los legítimos intereses económicos de las empresas y los particulares, los Poderes Públicos son incapaces de hacer nada particularmente útil (sí, una fotovoltaica por aquí, unas bombillitas eficientes por allá… poca cosa). Esta sería nuestra situación, ¿verdad?

Pues no. No lo es, porque no se ha respetado otra garantía fundamental en la gestión de la cosa pública: la transparencia. No ha habido, ni está habiendo, un debate público sobre el Peak Oil. Yo no pretendo que se implementen una u otras medidas concretas para combatir este problema; yo puedo tener mi opinión particular sobre qué es lo que va a pasar y qué se tendría que hacer – la tengo, qué duda cabe- pero no me corresponde a mí tomar esa decisión, ni tengo suficientes conocimientos sobre cómo hacerlo, ni es tampoco mi función. Lo único que pretendo es mostrar el riesgo, demostrar que hay una probabilidad nada desdeñable de que el riesgo sea muy elevado, y promover un debate público y abierto sobre la cuestión, más que nada porque si al final se decide promover políticas activas de mitigación la población deberá ser informada para que entienda su necesidad.


Un tema recurrente cuando se comenta la necesidad de la transparencia sobre el Peak Oil es que eso podría causar la alarma en la sociedad. Más aún, que como los indicios disponibles no son incuestionables este alarmismo podría estar injustificado, y podría tener consecuencias muy nocivas. Quien dice esto no debe tener mucha fe en la democracia, y debe creer que es legítimo aplicar el principio del despotismo ilustrado («Todo para el pueblo, pero sin el pueblo»). Sin embargo, esa posición es, justamente, ilegítima: va contra nuestras propias leyes. Tener conocimiento de un peligro y no alertar sobre él y no poner los medios para su mitigación es, según diversos puntos de vista, un delito (y quien sea entendido en leyes que lea estas líneas seguramente encontrará varias categorías penales para encuadrar lo que describo). Por supuesto que yo no digo que se deba salir a decir: «¡Vamos todos a morir!» (cosa cierta, aunque lo que es improbable es que lo vayamos a hacer todos a la vez), pero sí explicar que hay ciertos problemas graves y que se tendrán que tomar medidas. Quizá, antes de eso, empezar a debatir y a reflexionar. Sin embargo, la actitud generalizada de los Gobiernos es la de la opacidad, cuando no directamente la ocultación. Todo lo cual lleva a pensar que el interés principal de los Gobiernos es preservar el BAU, sea o no posible. Y esa no parece ni la mejor estrategia ni, desde luego, una posición legítima.


Salu2,
AMT