- Según la exsecretaria general de Instituciones Penitenciarias, “la principal política de seguridad pasa por tener políticas sociales”.
- Gallizo considera que “no hace falta crear una regulación añadida para la protesta social, salvo que quieras construir un código identificado con un determinado modelo de orden social”.
“Abrid escuelas y cerraréis cárceles”. Lo escribió Concepción Arenal alrededor de 1860, pero el mensaje parece no haber madurado aún en el pensamiento de algunos gobernantes. Tampoco aquel que carga contra “los que convierten las ruedas administrativas en focos de corrupción, contribuyendo a contaminar la atmósfera moral infinitamente más que los que están en presidio”.
Mercedes Gallizo, exsecretaria general de Instituciones Penitenciarias (entre 2004 y 2011, con el PSOE) asegura que la lectura de Arenal, quien transitó las prisiones españolas en el siglo XIX con la mirada calada en la injusticia, detonó una parte de su interés por ese mundo. La otra “fue un flechazo”, después de visitar una cárcel, siendo presidenta de la Comisión parlamentaria de Derechos Humanos.
Dos años después de dejar el cargo, reflexiona en profundidad sobre el sistema y sus taras, a través de una selección de las más de 10.000 cartas personales remitidas desde las celdas. El resultado es el libro Penas y personas, 2810 días en las prisiones españolas (Debate, 2013), donde quiere dejar constancia de que “es mediante los seres humanos, sobre todo mediante los que están en situación límite, que conocemos la verdad de lo que pasa en el mundo”. Y advierte: “La inacción nos hace cómplices”.
España alberga la contradicción de ser uno de los Estados con menor índice de criminalidad –alrededor de 45 delitos por cada 1.000 habitantes–, pero dobla la media europea de reclusos. En 2009 llegó a tener 166 presos por cada 100.000 habitantes en 84 centros saturados. Con la reforma del Código Penal de 2010 se rebajó la pena en algunos delitos contra la salud y se revisaron de oficio algunas sentencias de personas presas por posesión de estupefacientes en pequeñas cantidades, lo que ayudó a aliviar levemente la demografía carcelaria, algo que podría verse modificado con la aplicación de un nuevo código. España es uno de los países del entorno con más mujeres encarceladas, un 8% del total de ciudadanos presos. En España la prisión preventiva es la norma y no la excepción. Apenas se aplica el medio abierto –ir al centro solo para dormir– y prácticamente no hay alternativas al encarcelamiento. Además, el tiempo medio de estancia triplica al de la UE y la prisión preventiva es la tónica, no la excepción.
Asímismo, se ha extendido la falsa creencia de que los mayores no ingresan en la cárcel y que los jóvenes permanecen en centros de menores. Y se sigue pensando que la dureza del sistema lo convierte en más eficiente y que es un lujo invertir en prisiones y programas encaminados a la educación y reinserción, la razón de ser, teórica, de nuestro sistema penitenciario. La mano dura que ya aplica con creces el Estado no es eficiente. En 1995, mientras estaba en el Gobierno Felipe González, se endurece el Código Penal, que suprime la posibilidad de redimir penas a cambio de trabajos. La reforma del Gobierno Aznar de 2003 robustece el castigo contra la reincidencia en pequeña delincuencia. Son, en su inmensa mayoría, historias de toxicomanía y pobreza que suman larguísimas condenas. Y aunque la cárcel permite a veces el acceso a un sistema sanitario adecuado y acaba suponiendo una oportunidad para el cambio, en la mayoría de los casos, empeora una situación previa de marginalidad y pobreza. El hecho es que dos de cada tres internos vuelven a delinquir al salir, que ocho de cada diez que son encarcelados con 20 años volverán a estarlo cuatro veces más, y que entre 1991 y 2009 el número de presos pasó de 40.000 a 76.000.
“Se han hecho 25 o 26 reformas, casi todas en la misma dirección –apunta Gallizo–: la de tipificar nuevos delitos, nuevas penas e incrementar la cuantía. Estas son huidas hacia delante, un ‘creo que tengo un problema y lo resuelvo cambiando el Código Penal’. Es un discurso tramposo e inútil. Estoy plenamente convencida de que la principal política de seguridad pasa por tener políticas sociales, y que la política penitenciaria es una política social”. …TEXTO COMPLETO