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ESTADO DE SITIO.
El principal concentrador y tenedor de violencia estructural es el Estado y por tanto cualquier intento para justificar esa violencia en manos de la clase política pasa por legitimar al Estado y a sus instituciones.
Desde el estado de naturaleza de Hobbes plasmado en el Leviatán donde se intenta sentar las bases de la necesidad del Estado por ser el hombre un individuo egoísta y materialista que sólo lucha por su subsistencia y sus intereses, lo cual indefectiblemente lleva al caos natural y a la situación de guerra de todos contra todos, hace del Estado el garante de la paz social, la ley y el orden.
Aparecen conceptos como interés nacional, bien común, estabilidad, nación etc…como justificadores de un orden superior al individuo y al que legitimamos para que en el nombre de cada uno de los individuos ejerza el poder. Pasamos del Estado de naturaleza donde no existen ni derechos ni deberes a un pacto o contrato social donde buscamos un ideal de justicia para acabar en un Estado social que funda el Derecho y necesita de reglas y normas.
El soberano es el pueblo, es la comunidad de aquellos que quieren formar un Estado y supeditar su voluntad a una voluntad general renunciando a sus derechos naturales. Los individuos a través del pacto ceden todos sus derechos a la sociedad para a través de ese mismo pacto recuperarlos y disfrutarlos en cuanto que miembros de una sociedad política. Los ciudadanos tienen derechos en la medida que cumplen la Ley.
La democracia va a ser la condición de legitimidad del ejercicio de soberanía, el acto formal de soberanía es la legislación y cuando se produce formalmente se elimina la tiranía. Es la teoría normativa de la fundamentación de la democracia.
Pero la autoridad a la que le cedemos el poder no puede utilizarlo con abuso en contra del propio ciudadano pues estaría infringiendo la norma fundamental y el principio por el cual se mantienen las reglas de juego: el contrato social, el pacto que ambos se han dado de utilizar la ley de la forma más justa. Es ahí cuando se deslegitima el Estado pues la legitimación no es sino el apoyo popular de aquellos que ceden sus derechos para que en su nombre se impartan las leyes y se ordene la convivencia política y cuando ésta se pierde, aquél que ejerce la autoridad ya no es legitimo y si no lo es, no puede ser el gobernante, estaría usurpando la legitimidad y sería el tirano, lo cual obliga a la rebelión para que deje de representar a aquellos que le cedieron la soberanía.
La actuación de los poderes legitimados durante la crisis no ha hecho más que ir en ésta dirección, ha olvidado que son los ciudadanos quienes legitiman con su apoyo a los gobernantes y estos a su vez deben ejercer el poder que se les otorga en beneficio de sus gobernados. Nada de eso se ha dado, los gobernantes en uso de unas atribuciones para las que no estaban legitimados dieron el poder a los bancos, corrompieron las instituciones y criminalizaron a los ciudadanos haciéndolos victimas de una cruel y perversa forma de gobierno en la que nunca se contó con los ciudadanos.
Al contrario, un poder que usurpó la legitimidad al incumplir el mandato de los ciudadanos se convirtió en un tirano que salvó a los bancos y a sus corruptos políticos generadores de la actual situación en detrimento de los ciudadanos que fueron y siguen siendo esquilmados para pagar lo que otros causaron.
El poder se torna tiránico y despótico cuando somete a los ciudadanos a un estado de sitio de facto al excluirlos de las ayudas y hacer beneficiarios de las mismas a los estafadores y corruptos gobernantes que han estado al frente de las instituciones. Ni un solo procesamiento, ni una sola detención y ni siquiera una sola apertura de investigación en todas aquellas instituciones que deberían haber velado por el cumplimiento de la gobernanza y del bien común.
Unas instituciones como el Banco de España, Las Cajas de Ahorro y las miles de empresas públicas además de las propias instituciones del Estado han despilfarrado y han hecho mal uso del dinero público de los ciudadanos sin que haya ni un solo procesado por ello. El Estado se deslegitima a pasos agigantados y los políticos se alejan y distancian de los ciudadanos con sus innumerables casos de corrupción.
Un Estado así no se puede mantener en la legitimidad si no es a base del engaño y de la trampa desde sus terminales mediáticas, un Estado que desinforma a sus ciudadanos incumple una regla básica de la democracia como es la transparencia de sus instituciones ¿Cómo es posible sino que en una Comunidad Autónoma que está en bancarrota gane por mayoría aplastante el partido en el poder? ¿Es que acaso los electores votan a aquellos que los llevan a la ruina y a la pobreza?
Un Estado que se deslegitima mediante todas las formas de corrupción posibles y que legisla para que de la forma más inmoral salven el pellejo sus gobernantes a la vez que los blinda y los sitúa en un plano de privilegio con respecto al ciudadano, es un Estado en fase de degradación y que necesita de una ruptura constitucional de manera urgente para crear un proceso constituyente que abra una vía de regeneración y entierre de una vez por todas lo que hoy es sin lugar a dudas, un régimen de corrupción institucionalizado.
Ninguna institución es neutra, representa un poder que le ha sido cedido y si éste no se ha utilizado en la forma correcta ha de ser eliminado pero mucho me temo que, como todo poder que se deslegitima, se aferre a él en base a consideraciones injustas y amorales con riesgo de que surja la violencia como opción moralmente válida y políticamente viable al servicio de la mayoría social, del cambio y de la dignidad.